El Estado trabaja para resolver el hacinamiento en los centros penitenciarios, según defendió Venezuela ante la CIDH

La directora de relaciones internacionales y derechos humanos del Mppsp asegura que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está parcializada contra el país

Hace poco más de una semana las y los representantes del Estado venezolano se sentaron en la misma mesa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un grupo de organizaciones no gubernamentales para defender las políticas del Gobierno Nacional en materia carcelaria. Una de las voces que se escuchó fuerte, por parte de la representación oficial, fue la de Laila Tajeldine, directora de relaciones internacionales y derechos humanos del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp).

“El Estado venezolano afronta la problemática del hacinamiento en los centros penitenciarios”, sostiene esta joven abogada (31 años de edad) y docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela. “Se están construyendo 24 establecimientos para atender a la población procesada. También contamos con una orden presidencial, del 18 de octubre de este año, en la que se decretó la emergencia en infraestructura penitenciaria”.

Con estas medidas “el Estado está afrontando la problemática, y va a cumplir con la normativa nacional e internacional en cuanto a la clasificación de privadas y privados de libertad”, sostuvo Tajeldine, en entrevista con el Correo del Orinoco.

La servidora pública opina que las y los representantes de las ONG, “para llamar más la atención a escala internacional, exageran en cuanto al nivel de hacinamiento que existe en Venezuela. Eso lo desmontamos, y demostramos la construcción de establecimientos, tales como Yare II y Yare III, El Rodeo III, la Comunidad Penitenciaria de Coro, el Centro Agroproductivo de Barcelona, el Centro Penitenciario Occidente II y nuevas áreas en todos los establecimientos”.

Tajeldine considera que las ONG contabilizan la infraestructura que había años atrás, y no cuentan la nueva. “Ellos alegan que hay 280% de hacinamiento en Venezuela”, explica; “nosotros consideramos que hay 20%, y no en todos los establecimientos es igual”.

De acuerdo con los cálculos del Mppsp, hay alrededor de 40 mil privadas y privados de libertad recluidos en 32 establecimientos penitenciarios. 60% de ellas y de ellos son procesados, y 40% están penados. En una cuenta aparte se encuentran los centros policiales y los que depende de la jurisdicción militar. “Si fuese real el hacinamiento, ¿cómo nos explicamos que los familiares pernocten en los establecimientos penitenciarios”, interrogó.

VENEZUELA SE DEFENDIÓ

“Venezuela se presentó ante la CIDH para dar su versión de lo que pasaba en Venezuela y difundir la política en materia penitenciaria y de derechos humanos”, detalló Tajeldine.

“Desmontamos una de las tantas matrices que se han generado, como por ejemplo la del nivel de hacinamiento que existe en los centros penitenciarios, o que el Estado no hace nada para atender la materia penitenciaria”.

La vocera asegura que las y los representantes del Estado “desmontamos con números, con cifras, lo que alegaban las ONG sobre el abordaje de la problemática”; también se hizo un recuento de las acciones tomadas por la Revolución desde el año 1999, con el plan justicia; el plan de humanización penitenciaria, implementado en 2004; el consejo penitenciario de 2008 y la creación del Mppsp.

“El ministerio tiene el objetivo de dignificar y transformar a todos los privados de libertad, y darles las herramientas para que, una vez que salgan en libertad, sean mujeres y hombres que aporten al colectivo”, subrayó.

Tajeldine estima que se han enfrentando exitosamente algunas dificultades, como el conflicto en La Planta (que llevaron al cierre del internado judicial). También, el desalojo de la cárcel de Coro. “En algunos casos cerramos los establecimientos y en otros tomamos el control absoluto”, remarcó.

En cuanto a la violencia penitenciaria, la servidora pública enfatizó que, desde la constitución del Ministerio, se han realizado más de 70 requisas, con “un saldo importante de incautación de instrumentos de tenencia prohibida, como drogas y armamentos”, puntualizó. “Las inspecciones han sido tan minuciosas, que hemos encontrado armas de más de 15 años”.

Estas revisiones se han concretado sin violentar los derechos humanos, destaca la abogada. “No se puede contabilizar ni un solo muerto, a diferencia de lo que ocurría antes de la Revolución, cuando las muertes se generaban producto de la violencia del Estado”.

ANTES Y AHORA

“Una orden presidencial, del 18 de octubre de este año, decretó la emergencia en infraestructura penitenciaria
En la audiencia de la CIDH “pasamos un video en el que se difundía cómo eran los establecimientos penitenciarios antes de 1998, y se demostraba cómo los establecimientos tenían armas y se violaban los derechos humanos, incluso de los menores, porque había casos de abuso sexual infantil”. Con eso, añade, “llamamos la atención de la CIDH, porque en ese momento no había dictado una sola medida cautelar sobre Venezuela; en cambio ahora, cuando esas cosas no ocurren, hay siete medidas cautelares sobre el tema penitenciario”.

Tajeldine va más allá, y se pregunta: “¿A partir de qué momento a la CIDH le comenzaron a importar los derechos humanos de los privados de libertad? Años atrás nunca se pronunciaron, y ahora lo hacen constantemente”.

A las ONG “también les preguntamos dónde estaban cuando eso ocurría”.

-¿Hay una parcialidad en la CIDH contra Venezuela?

-Hay una parcialidad contra el proceso revolucionario en Venezuela por parte de la CIDH, y también por parte de la Organización de Estados Americanos, que siempre ha sido un instrumento para aplacar cualquier proceso progresista que se genere en nuestra región. La mayor prueba de ello es que en Venezuela, cuando se generaban las masacres más horrendas, la CIDH ni la OEA manifestaron contra esas violaciones flagrantes de los derechos humanos. NO se hizo nada sobre la masacre de Cantaura (1982), la masacre de La Victoria (años 70). Solamente se atendió el caso de El Caracazo (1989) cuando asumió el poder el presidente Hugo Chávez. ¿Por qué a la CIDH de pronto le interesan los derechos humanos en Venezuela y antes no le interesaban?

-¿Hay predisposición de la CIDH en materia penitenciaria?

-En materia penitenciaria hay una predisposición. Venezuela tiene siete medidas cautelares de la CIDH, y siete medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas que solamente se toman cuando hay un extremo peligro. Una vez que recobramos el control en el Cepra, imputamos a los elementos que generaron la violencia y llevamos la tranquilidad, impusieron una medida provisional. Es ilógico.

Tajeldine cita otro ejemplo: “El Rodeo II, centro cerrado y que no tiene población penitenciaria, todavía tiene una medida provisional por parte de la Corte”.

-¿No hay explicaciones por parte de la CIDH?

-Estas instancias no explican. Lo que les interesa es el impacto comunicacional que generan repitiendo una y otra vez que en Venezuela se violentan los derechos humanos en todos los ámbitos.

ASEDIADA

-¿Qué busca la CIDH contra Venezuela?

-Lo que quiere es crear un piso, o legitimar las acciones que posteriormente podría desarrollar Estados Unidos contra Venezuela. Nosotros estamos incluidos en el capítulo cuarto de la convención interamericana como países que violentan de forma reiterada los derechos humanos. ¿En Venezuela realmente se están violentando? No. Por el contrario, este es un Estado en camino de la reivindicación de los derechos humanos.

A juicio de Laila Tajeldine, “Venezuela está asediada por la Comisión, la Corte y la propia OEA”. A estas instancias “no les interesa reconocer ningún avance en materia penitenciaria por parte de Venezuela. No les conviene que esos avances salgan a la luz pública, porque se les están acabando las excusas”. En el país, concluye, “entendemos que tenemos una problemática penitenciaria, y estamos dando pasos decididos para afrontarla con una acción por parte de todo el Estado”.

HAY 1.600 EXTRANJEROS PROCESADOS Y PENADOS

En el país hay 1.600 privados de libertad extranjeros (300 son mujeres), entre procesados y penados; la mayoría, por drogas. Siete de cada diez son colombianas y colombianos, y están presos por homicidio, robo y secuestro.

“Estamos atendiendo a esa población de forma particularizada, y se pueden hacer traslados a sus países de origen” con base en convenios internacionales, explicó.

Correo del Orinoco

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