DRAMA, PARRANDA y LOCURA de la chica hallada en la C2: Burló la vigilancia y se fugó del hospital

MUJER-SECUESTRADA-21

Hace minutos se conoció que la joven que fue abandonada esta mañana en las inmediaciones del Liceo Vicente Lecuna en la Circunvalación 2 de Maracaibo, aprovechó un descuido de sus custodios y se fugó del Hospital Chiquinquirá, en donde se le prestaba atención médica tras ser hallada bajo la influencia de sustancias químicas.

Fuentes policiales aclararon que la joven, identificada como Érika Pereira (19) no había sido secuestrada, que confesó que tenía tres días de parranda, y que al despertar preguntó por su pareja.

Los médicos diagnosticaron que la joven tenía una intoxicación etílica, y presumen que haya consumido estupefacientes.
Previamente a las 9:30 de esta mañana, un reporte de Carlos “PIN” Sánchez, señalaba que en el referido lugar efectivos del Cuerpo de Policías del estado Zulia (Cpez), prestaban auxilio a una joven quien fue abandonada en el mencionado lugar, de acuerdo a testigos, por dos hombres.

La joven no portaba documentos y según fuentes policiales estaba bajo los efectos de sustancias químicas.

Noticia al Día

Compañeras de reclusión de Afiuni la desmienten

Jueza Afiuni

Privadas de libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) expresaron que la ex jueza María Lourdes Afiuni Mora, durante su permanencia en dicho recinto, recibió un trato privilegiado en este centro de reclusión, distinto al acostumbrado para las demás internas.

Recientemente, Afiuni, privada de libertad en 2009 por delitos de corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión del banquero Eligio Cedeño, señalado de incurrir en evasión de fondos y en estafa inmobiliaria, indicó haber sido víctima de agresiones en dicho centro de reclusión. Sus afirmaciones se encuentran en un libro que comenzó a circular en los últimos días, cuyo autor es un periodista de oposición.

Al respecto, Anni Estaba, interna del Inof, manifestó que Afiuni fue privilegiada durante su permanencia en el centro penitenciario, pues “se trasladaba a los tribunales sola en un vehículo.Eso es un privilegio porque a veces si van 50 personas tenemos que esperar que sean las 10:00 de la noche para regresarnos, porque tienen que atenderlas a todas”, agregó.

Este año, Afiuni recibió el beneficio de casa por cárcel.

Contaba con estilista y comía caviar
Asimismo, manifestó que a la ex jueza Afiuni se le otorgaban, de manera muy seguida, visitas especiales, entre las que se encuentra la de su estilista.

“Aquí se otorgan visitas especiales para internas extranjeras y con familiares que viven lejos, en el interior del país; y a ella se le otorgaban visitas especiales bastante seguido, venían muchos amigos, abogados, jueces, fiscales y personas que podía entrar libremente al penal”, comentó.

Con respecto al comportamiento y actitud que mantuvo Afiuni en el referido centro de reclusión, otra interna, Oscalie Briceño, expresó: “En una oportunidad a ella (a Afiuni) la estaban sacando de traslado al Tribunal y pude constatar, junto con otras compañeras de los pisos, que se desvistió y todas las custodias que estaban allí se fueron a tratar de taparla porque la señora se estaba quitando la ropa en la parte donde nos sacan de traslado”.

Por su parte, Yadira Torres, también privada de libertad en el Inof, expresó que en varias oportunidades las mismas internas sugerían a Afiuni que controlara sus exigencias porque si no la complacían “armaba un escándalo”.

“(Una vez) salimos en la mañana a trabajar, llego a mi cuarto a descansar, y si en el momento ella quería comer caviar o comer cosas cítricas, porque aquí no las permiten, como no se las pasaban (Afiuni) armaba un escándalo. En ese momento yo estaba cansada y le dije: ‘Por favor respétenos porque ya basta”, acotó.

AVN

SEBIN allana depósito de guerra sucia contra Arias Cárdenas

En estos momentos el Sebin allana una casa ubicada en la avenida universidad con calle 72,  donde presuntamente utilizaron material que se utilizaba como guerra sucia en contra del candidato del  PSUV, Francisco Arias Cárdenas.

Cabe destacar que ese hecho viola la normativa electoral.

Ante esa situación la dueña de la casa Naida Marín, salió a dar declaraciones y exigió a los funcionarios que le mostraran una orden de allanamiento.

Asimismo diputados de un Nuevo Tiempo se apersonaron al sitio.

Noticia al Día

NOTICIA EN DESARROLLO.

Un oficial del Cpez rompe el silencio y revela lo que se vive dentro del cuerpo policial

“Llegué uniformado a una ferretería a preguntar por el precio del repuesto de un carro y el propietario enseguida me dijo que ‘no tenía dinero para darme, no habían donaciones por el momento’. Me sorprendió mucho, pero así es como nos ven en la calle. La credibilidad del Cuerpo de Policía del estado Zulia (Cpez) ha decaído bastante y está dividido entre los que realmente quieren hacer un trabajo honesto y los que cometen delitos usando la chapa y el arma de la institución”.

Desde el garaje de su residencia en Maracaibo, lejos de la vista de sus compañeros y superiores, un oficial del Cpez rompió el silencio sobre la situación “crítica” dentro de las filas del organismo policial más antiguo del país, con una nómina de 6.300 efectivos, encargados de velar por la seguridad de más de 3 millones 700 mil habitantes en el Zulia.
Con casi 20 años de servicio, el funcionario ha sido testigo de “irregularidades” en los que sus compañeros de armas, desde el de mayor jerarquía hasta el oficial raso, han sido autores en la planificación y ejecución de delitos como extorsión, concusión, secuestro, robo a mano armada y sicariato, algunos de ellos de conmoción pública.

Las autoridades reconocieron que en cuatro años, existen 523 oficiales con expedientes abiertos, 104 están en proceso de destitución y solo un 30% de ellos está vinculado en faltas penales. El resto, investigado por faltas administrativas, será removido a principios de 2013, señaló el comisionado Jesús Cubillán, director del Cpez. Hasta la fecha, solo 64 han sido despedidos.

Otras fuentes policiales del organismo estiman que en total serían 2 mil las averiguaciones (33,3% de la población policial) llevadas a cabo por el Cpez desde el 2007, siendo la extorsión el delito más recurrente de los oficiales.
Resalta el caso de un alto funcionario a quien se le relacionó con la extorsión a unos “narcos”, quienes aterrizaron en una avioneta, en La Concepción (2009). “A los delincuentes los despojaron de un maletín contentivo de dólares. Llegaron a un acuerdo y los soltaron en una zona de Machiques”, relató el informante, bajo la condición de anominato.

El último caso sonado e insólito ocurrido en la entidad fue el presunto enfrentamiento en el que dos hermanos, ambos oficiales del Cpez, cayeron abatidos junto con dos hampones, hace más de una semana, cuando entraron a robar en una residencia en el sector La Rotaria, al oeste de Maracaibo.

A los hermanos José y Alberto Puccini, éste último con dos expedientes administrativos por robo de vehículo y celular, los señalaron también en los asaltos al centro comercial Galerías, el edificio Amalfi y al restaurante en Bella Vista, perpetrados en julio, agosto y octubre, respectivamente. “¿Qué información tendrían los hermanos en los chips de sus teléfonos que desaparecieron de la escena del enfrentamiento? El Cicpc debería investigar qué pasó, rastrear las últimas llamadas, incluso, las que recibieron desde hace dos meses”, sostuvo la fuente.

Por la pérdida de estas evidencias, la policía científica investiga a un tercer funcionario del Cpez y no descarta una conexión de los hermanos con uno o más policías de la institución.

Con la “infiltración” de los hermanos Puccini dentro del organismo y su muerte a manos de sus compañeros, el Cpez está en el ojo del huracán y el tema de una verdadera depuración policial surgió nuevamente en la colectividad.
La crisis dentro de la extinta Policía Regional estalló en marzo de 2006 cuando la Defensoría del Pueblo reveló que tres de sus oficiales y dos paramilitares participaron en el secuestro de Rosina Di Brino, quien apareció muerta 20 días después, en Isla Dorada.

Fueron los oficiales Jesús Díaz (abatido), John Viloria y Yorge Meléndez, los señalados de participar en el plagio y homicidio de la joven, de 22 años, admirada por su belleza y humildad, con un futuro prometedor. Meses después, el entonces gobernador Manuel Rosales condecoró a 127 oficiales, dos ellos incursos en delitos denunciados por la Defensoría.

El caso Di Brino no solo impactó al Zulia. Ese mismo año, el país se conmovió con la privación ilegítima de libertad y asesinato de los hermanos Jhon, Kevin, Jeison Faddoul y su chofer Miguel Rivas; y del empresario ítalo-venezolano Filippo Sindoni, donde también se involucraron a miembros policiales de otras entidades del país.

Debido a la incursión cada vez más frecuente de oficiales de seguridad en diversos delitos, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, emprendió la tarea de reformar la estructura policial de Venezuela.

En el proceso de consulta nacional para la transformación de la policía participaron 22 sectores del país, siendo 1.385 los funcionarios encuestados. Los resultados indicaron que el 47% de los oficiales aceptó que hay corrupción interna en las diferentes policías del país.
Según la encuesta, los delitos más recurrentes en el Zulia fueron la extorsión, seguido de la matraca, cobro de vacunas y la protección a delincuentes.

Varios organismos como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Alcaldía de Maracaibo y diputados de la Asamblea Nacional solicitaron, en reiteradas oportunidades, la intervención inmediata de la PR, argumentando los vínculos de una parte de los oficiales en actividades delictivas.

Mario Isea, exdiputado de la plenaria, denunció la existencia dentro de la PR de la banda “Los Intocables”, cuyos integrantes eran los secuestradores de Di Brino y los paramilitares Sebastián Guerrero, alias “El Nacho”, y Manuel Agudelo, alias “El Farra”. Dicha organización contó con el amparo de “algunos altos directores de la Secretaría de Defensa y Seguridad, dirigida en aquel tiempo por José Sánchez “Mazuco” y jefes de la PR”.

La banda fue señalada de planificar sicariatos y atracos a una empresa de refrescos y una reconocida compañía aseguradora. En los robos participaban 10 hombres tipo comando portando armas de fuego. Al ser señalados como los homicidas de Di Brino, los policías habrían pagado 25 mil bolívares a sus superiores para que los protegieran.

Ese mismo año, los secuestros en la región se duplicaron en comparación con el 2005, alcanzando 51 casos y las denuncias contra los “policías regionales” eran numerosas, pero había retardo en sus expulsiones.
Sobre las destituciones, Cubillán informó que en ese entonces “era un proceso más burocrático porque (el expediente del funcionario) salía de aquí de la comandancia a la consultoría, pasaba a una comisión laboral y luego firmaba el gobernador la expulsión del funcionario. Eso tardaba demasiado”.

Jesús Cubillán está a cargo de la dirección del Cpez desde el 20 de febrero de 2008, y próximamente cumplirá 25 años de servicio en la institución. Comenzó su carrera como agente de seguridad en el Sur del Lago de Maracaibo, se especializó como inspector en la década de los 90, época en la que el robo a residencias en el Zulia era el delito más recurrente y empezaban a surgir la modalidad del robo de automóviles.
En 2008, fue llamado por el anterior gobernador Manuel Rosales para asumir las riendas de la PR.

La nueva dirección de la PR consiguió “una institución medianamente intervenida, cumpliendo aún funciones administrativas y operativas, pero había una inspección instalada en la comandancia general, nombrada por el mismo gobernador a propósito de la cantidad de las novedades que se suscitaron con funcionarios y no se veían respuestas inmediatas sobre su expulsión”.

“Esa comisión tuvo que tener una duración de seis meses, pero permaneció un año porque no se terminaba de concluir los problemas de conducta de los funcionarios involucrados en diversos tipos de delitos. Para ese entonces habían unos 400 expedientes abiertos”, destacó el comisionado Cubillán.

El funcionario del Cpez indicó que en ese momento “no había la capacidad o persona idónea encargada de revisar la conducta de los funcionarios y se designa esa comisión que interviene el núcleo institucional”. Luego se hacen propuestas al Ejecutivo regional para retomar el control del área disciplinaria.

Tras la promulgación de la Ley de la Policía Nacional, a finales de 2010, la PR pasó a llamarse Cpez. Ese mismo año, 360 funcionarios fueron investigados por diversos delitos, informó la comisaria Odalis Caldera, secretaria de Seguridad y Orden Público, con cinco años al mando de ese despacho.

Al margen de la burocracia puertas adentro, algunos oficiales están descontentos por las arbitrariedades del Consejo Disciplinario de Policía. Según la Ley del Estatuto de la Función Policial, en su artículo 80, esta comisión “se encargará de conocer y decidir sobre las infracciones más graves, sujetas a sanción de destitución, cometidas por los funcionarios o funcionarias ”.

“Estas decisiones muchas veces son manipuladas por la misma dirección. Deben primero depurar la Oficina de Actuación Policial porque cuando un policía comete un delito, éste se baja con dinero para que les ‘cuadre’ los expedientes o los protegen los ‘chivos’ para cuidar sus intereses. Por eso se salvan y vuelven a la calle a seguir delinquiendo”, aseguró un supervisor del Cpez.

Otra queja formulada por los funcionarios es la “multa” semanal, —50, 70 o 100 bolívares— que deben pagar los oficiales a los superiores para reparar las unidades patrulleras, comprar repuestos y artículos de oficina: cartuchos de impresoras y resma de papel en los que levantan las actuaciones policiales. Una parte del dinero “va a otras manos”.

Para Antonio Urribarrí, quien ocupó la Defensoría del Pueblo en el Zulia y recibió numerosas denuncias contra oficiales de ese organismo, el Cpez “es una institución que lamentablemente está agotada y contaminada por dentro, un círculo vicioso que debe romperlo el Ministerio de Justicia”. Ya retirado de ese despacho, el abogado opinó: “No vale la pena que un funcionario se gradúe de una academia, ahora de una universidad experimental de la seguridad, y entrara a un cuerpo policial como este porque muchos de los oficiales ya están contaminados y simplemente lo que hacen es ‘bautizar al nuevo’ en actividades delictivas como se ha comprobado, sobre todo en secuestros, cobro de vacunas o una cuota de dinero a un jefe policial, proveniente del delito o del alquiler de armamento”, expresó Urribarrí.

Argumentó que hace seis años, tras la muerte de Di Brino, no se podía intervenir la policía porque el Ministerio de Justicia no tenía potestad para hacerlo. “(…) Se debe entrar en una intervención a fondo y que el Gobierno nacional tenga el control de esa policía y ese proceso de adecuación policial que comenzó y avanzó en el Cpez, acelerarlo por esa vía porque uno de los problemas ha sido el llamado asuntos internos, que tradicionalmente ha sido una oficina para taparle, ‘cuarentear’ expedientes, borrar cualquier averiguación o denuncia contra algún oficial para seguir haciendo de las suyas”, sostuvo el exdefensor.

Señala que es necesaria una decisión firme no solo del Estado, sino también del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial y Ministerio de Interior y Justicia, para asumir la intervención de la policía del Zulia y acabar con las mafias internas del Cpez.

“Esos grupos tienen muchos poderes, complicidades y redes con mafias y son los que controlan todo, en robo y hurto de vehículos, vacunas, secuestros”, añadió el abogado.
El oficial del Cpez, quien siguió omitiendo su identidad, coincide con las declaraciones del exdefensor del Pueblo al asegurar que un alto funcionario comanda una flotilla de personas en San Isidro y La Concepción, dedicados al tráfico ilegal de combustible. También señaló que hay una nómina “fantasma”, funcionarios que no cumplen con sus obligaciones en la institución.

“Los hermanos Puccini abandonaban sus funciones diciendo que iban a estudiar, pero ellos no dejaron constancia de ello. Eso quedó sentado en los libros de novedades y hay un problema en la oficina de recursos humanos por esa situación”, aseveró la fuente. Otros se acomodan custodiando a particulares, comerciantes o negocios, percibiendo dinero extra, y olvidan el patrullaje en sus respectivos sectores.

En los retenes, centros de arrestos bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Cpez, se interna la corrupción policial. Familiares de los presos pagan una cuota en cada visita y esa “mostaza” la manejan entre cabecillas y autoridades. Ni hablar de los presos pudientes, quienes —según el informante— cancelan hasta 8 mil bolívares por una habitación cómoda para él solo, mientras los ya condenados, pagan para que no los lleven a la cárcel.

“Dentro de los retenes no hay orden y tampoco responsabilidad de las autoridades en asumir las fugas de los reclusos. Es más fácil culpar a unos funcionarios jóvenes, con abrirles una averiguación, que usar tecnología, cámaras, un verdadero sistema de ingreso y salida de los visitantes o investigar a los directores del retén”, declaró el funcionario.
La fuga más sonada del retén El Marite fue la del oficial de Polimaracaibo, Enedixo Urdaneta, imputado por el secuestro y muerte de los esposos Salvatore y Teresa Di Pietro, en mayo de 2012; y el acceso de prostitutas en el centro de arrestos en la Costa Oriental del Lago.

En septiembre de 2011, el Cpez se vio envuelto en otro escándalo de homicidio y robo, en el que participaron unos cinco funcionarios: un comisario y cuatro oficiales. Son de apellido Rodríguez, Quero, Zambrano y Toyo.
Al cooperativista de Agroindustrias Bicentenaria, Edixon Enrique López, de 37 años, lo sorprendieron dentro de su vivienda cuando llegó con 68 mil bolívares y le dispararon delante de sus 14 parientes para robarlo, en el barrio El Hoyito, al oeste de Maracaibo. En total serían 9 los involucrados.

“Queremos la depuración de los cuerpos. Ya no más policías corruptos, malandros y asesinos”, decían algunas pancartas levantadas por los dolientes de López, quienes llevaron el ataúd con sus restos hasta el Ministerio Público para exigir justicia. Recientemente, se conoció que el comisario implicado en el hecho regresó al comando general de policía a “cuadrar” su suspensión con el período vacacional.

Parte de lo que afecta a las policías grandes y emblemáticas como las estadales es la falta de control de los funcionarios y la falta de objetividad en cuanto a la investigación administrativa en caso de faltas, según el comisionado Julián Morón, director de Polimara.

“Si no se mantiene la depuración tarde o temprano comienza la policía a convertirse en un caos y deben ser sometidas a un proceso de reestructuración periódicamente, cada seis o siete años, dentro del mismo cuerpo policial sin agentes externos”. Para la recuperación de la credibilidad, Morón apuesta por el trabajo directo con las comunidades a través de los centros de supervisión comunitaria con la finalidad de dar respuestas a sus necesidades.

Lamentando la existencia de ese círculo vicioso dentro de su institución, el oficial del Cpez, quien insiste en el anonimato, espera una “verdadera limpieza sin trabas autoritarias”. “En nuestro estado se necesitan buenos jefes con mente positiva, ética y vocación por su carrera. Los que están ahora son los mismos y no dejan que los nuevos, con buenas intenciones de trabajo, no asuman la policía. Espero recuperar el respeto perdido y que las personas en la calle no se asusten al ver mi uniforme”.

Panorama

“Vigilante que robó banco escapó con un cómplice”: Cicpc

Robinson Enrique Quintero Furrero, de 38 años, el vigilante que robó un millón 10 mil bolívares en el banco donde trabajaba, actuó con un cómplice, quien lo ayudó a escapar en una moto el pasado miércoles.

Así lo reveló, ayer, el comisario Luis Monrroy, jefe de la delegación Zulia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien aseveró que las autoridades están realizando todas las experticias necesarias para dar con la identidad del cómplice y con el paradero de ambos hampones.

“Se está tramitando la orden de captura de Quintero y se está trabajando en la identificación de la persona que conducía la moto donde él escapó. Era imposible que estuviese solo y poder cargar con esa remesa”, explicó el comisario, vía telefónica.

Monrroy detalló que el celador fue buscado en la zona norte de Maracaibo y también en el sector El Marite y en la avenida 207, del barrio Zulia, donde presuntamente estaba residenciado.

El jefe policial precisó que a las 5:00 de la tarde del miércoles, Quintero, tras culminar su horario de trabajo, pidió el baño prestado y, al regresar, desenfundó un revólver calibre 38. Con el arma sometió a seis empleados, entre ellos el gerente y sacó el dinero de la bóveda.

Metió en un bolso grande la cantidad de un millón 10 mil bolívares, salió de la sucursal bancaria, subió como parrillero a una moto y huyó. Hasta ahora se desconoce su paradero.

Este asalto ocurrió en el banco Fondocomún, ubicado en la calle 72, con avenida 10, de Maracaibo.

La comisaria Odalis Caldera, secretaria de Seguridad y Orden Público, sostuvo, ayer, que en el currículo del vigilante dice que es oriundo de Caracas.

Presentó una carta de buena conducta expedida en la prefectura, en la que aparece como dirección de habitación barrio Las Casitas, sector El Guanábano, parroquia La Vega, municipio Libertador, de fecha 20 de octubre de 2012. También tiene un registro militar del 25 de octubre del 2012.

“El vigilante tenía, supuestamente, seis meses trabajando en la empresa Reacción Inmediata C. A. (Reinmca) y su ficha de ingreso asignado directamente al banco es de seis días. Llama la atención que si tenía seis meses en Reinmca, por qué sus referencias personales apenas datan de octubre”, se preguntó Caldera.

Se conoció, además, que el vigilante presentó tres referencias personales y dos laborales, en las que aseguraba que laboró por 4 años en Servimen y por 8 meses en otra empresa de vigilancia.

“La empresa está en la obligación de realizar una visita social para verificar si la dirección de habitación que aportó el solicitante al empleo era cierta. También debió verificar si sus referencias eran verídicas, tanto las laborales, como las personales. Hay que analizar todos estos elementos”, indicó Caldera.

El comisario Monrroy dijo que están trabajando en el análisis de las cámaras de seguridad internas del banco y también las externas para identificar al cómplice del vigilante.

Los jefes policiales, tanto Luis Monrroy como Odalis Caldera, no descartan la complicidad interna y la participación de otros implicados en el atraco.

“Existe una normativa de seguridad bancaria y un protocolo a seguir. Hay que averiguar por qué ese dinero estaba allí a la mano y si se siguieron los canales regulares y las medidas que se tomen en estos casos”, reiteró Caldera.

La jefa policial indicó que apenas se enteraron del suceso se realizó un cerco policial, pero no pudo localizarse al responsable del delito.

Quintero, antes de ser contratado, había dicho que era taxista y tenía tiempo sin empleo. En sus referencias decía que era soltero.

Ayer, en la sucursal bancaria, no abrieron por motivos de seguridad. En la parte externa se apreciaba un letrero que decía: “No estaremos operativos el día de hoy en esta agencia”.

La directiva de la sucursal se encontraba reunida y se negaron a ofrecer declaraciones, alegando que no estaban autorizados.

También en la empresa Reinmca, ubicada en Bella Vista con Cecilio Acosta, no hubo acceso al edificio ni declaraciones a la prensa.

Caldera hizo un llamado a las empresas de vigilancia a que revisen, de forma más detallada, el ingreso de personal a entidades bancarias, dado lo delicado del caso. “Vamos a solicitar una reunión con ellos”, informó.

Robinson Enrique Quintero Furrero, de 38 años, el vigilante que robó un millón 10 mil bolívares en el banco donde trabajaba, actuó con un cómplice, quien lo ayudó a escapar en una moto el pasado miércoles.

Así lo reveló, ayer, el comisario Luis Monrroy, jefe de la delegación Zulia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien aseveró que las autoridades están realizando todas las experticias necesarias para dar con la identidad del cómplice y con el paradero de ambos hampones.

“Se está tramitando la orden de captura de Quintero y se está trabajando en la identificación de la persona que conducía la moto donde él escapó. Era imposible que estuviese solo y poder cargar con esa remesa”, explicó el comisario, vía telefónica.

Monrroy detalló que el celador fue buscado en la zona norte de Maracaibo y también en el sector El Marite y en la avenida 207, del barrio Zulia, donde presuntamente estaba residenciado.

El jefe policial precisó que a las 5:00 de la tarde del miércoles, Quintero, tras culminar su horario de trabajo, pidió el baño prestado y, al regresar, desenfundó un revólver calibre 38. Con el arma sometió a seis empleados, entre ellos el gerente y sacó el dinero de la bóveda.

Metió en un bolso grande la cantidad de un millón 10 mil bolívares, salió de la sucursal bancaria, subió como parrillero a una moto y huyó. Hasta ahora se desconoce su paradero.

Este asalto ocurrió en el banco Fondocomún, ubicado en la calle 72, con avenida 10, de Maracaibo.
La comisaria Odalis Caldera, secretaria de Seguridad y Orden Público, sostuvo, ayer, que en el currículo del vigilante dice que es oriundo de Caracas.

Presentó una carta de buena conducta expedida en la prefectura, en la que aparece como dirección de habitación barrio Las Casitas, sector El Guanábano, parroquia La Vega, municipio Libertador, de fecha 20 de octubre de 2012. También tiene un registro militar del 25 de octubre del 2012.

“El vigilante tenía, supuestamente, seis meses trabajando en la empresa Reacción Inmediata C. A (Reinmca) y su ficha de ingreso asignado directamente al banco es de seis días. Llama la atención que si tenía seis meses en Reinmca, por qué sus referencias personales apenas datan de octubre”, se preguntó Caldera.
Se conoció, además, que el vigilante presentó tres referencias personales y dos laborales, en las que aseguraba que laboró por 4 años en Servimen y por 8 meses en otra empresa de vigilancia.

“La empresa está en la obligación de realizar una visita social para verificar si la dirección de habitación que aportó el solicitante al empleo era cierta. También debió verificar si sus referencias eran verídicas, tanto las laborales, como las personales. Hay que analizar todos estos elementos”, indicó Caldera.

El comisario Monrroy dijo que están trabajando en el análisis de las cámaras de seguridad internas del banco y también las externas para identificar al cómplice del vigilante.

Los jefe policiales, tanto Luis Monrroy como Odalis Caldera, no descartan la complicidad interna y la participación de otros implicados en el atraco.

“Existe una normativa de seguridad bancaria y un protocolo a seguir. Hay que averiguar porqué ese dinero estaba allí a la mano y si se siguieron los canales regulares y las medidas que se tomen en estos casos”, reiteró Caldera.
La jefa policial indicó que apenas se enteraron del suceso se realizó un cerco policial, pero no pudo localizarse al responsable del delito.

Quintero, antes de ser contratado, había dicho que era taxista y tenía tiempo sin empleo. En sus referencias decía que era soltero.

Ayer, en la sucursal bancaria, no abrieron por motivos de seguridad. En la parte externa se apreciaba un letrero que decía: “No estaremos operativos el día de hoy en esta agencia”.

La directiva de la sucursal se encontraba reunida y se negaron a ofrecer declaraciones, alegando que no estaban autorizados.

También en la empresa Reinmca, ubicada en Bella Vista con Cecilio Acosta, no hubo acceso al edificio ni declaraciones a la prensa.

Caldera hizo un llamado a las empresas de vigilancia a que revisen, de forma más detallada, el ingreso de personal a entidades bancarias, dado lo delicado del caso. “Vamos a solicitar una reunión con ellos”, informó.

Areanny Bastidas / Maracaibo

Venezuela ha capturado a 94 jefes de bandas criminales internacionales en los últimos 6 años

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, comentó este jueves que con la detención de Juan Carlos Peña Silva ya son 94 jefes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de droga que se han capturado el Gobierno de Venezuela.

“En estos últimos 6 años se ha demostrado con hechos la labor del Gobierno que dirige el comandante (presidente Hugo Chávez), con la captura de 94 jefe de organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de droga”, comentó al ser entrevistado por Venezolana de Televisión.

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Oficina Nacional Antidroga (ONA) capturaron este jueves a Peña Silva, de 26 años de edad y de nacionalidad colombiana, en el estado Nueva Esparta.

Comentó que el trabajo de las autoridades venezolanas seguirá sin descanso. “Siguen desplegados grupos de inteligencia, oficiales de la GNB en la frontera, para no permitir que la industria transnacional de la droga tenga sus operaciones en nuestro país”, ratificó Reverol.

El pasado 14 de noviembre fueron deportados a Colombia tres ciudadanos solicitados por las autoridades de ese país, vinculados con el tráfico ilícito de drogas, entre quienes destaca la figura de Daniel Barrera, alias El Loco Barrera, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

Coordinación con Colombia

Comentó que la captura de Juan Carlos Peña Silva, cabecilla de una banda del narcotráfico internacional, se realizó en coordinación con las autoridades colombianas.

“Tras realizar labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento, en coordinación con autoridades colombianas se logró la captura de este peligroso narcotraficante solicitado por Interpol a través de difusión roja por autoridades de Estados Unidos y Colombia”, informó Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, durante un contacto informativo con Venezolana de Televisión (VTV).

Agregó que Peña Silva es responsable de enviar grandes cantidades de cocaína desde Colombia a Estados Unidos.

El ciudadano colombiano se encuentra en la ciudad de Caracas, para, en coordinación con autoridades colombianas, ser deportado al vecino país.

 

AVN