Allanan tres locales por uso de biopolímeros en tres estados

biopolimeros10-400x225cicpc,

Según representantes de la organización No a los Biopolímeros, Sí a la Vida, desde el pasado 5 de diciembre, cuando salió la resolución del Ministerio de Salud que prohíbe el uso de este tipo de sustancias, el Centro de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) intensificó los allanamientos a locales de personas denunciadas.

Mary Perdomo, vocera de la organización, aseguró que el lunes 10 de diciembre se allanó una casa en la urbanización El Trigal (Car).

Asimismo, recibió información a través de varias afectadas por biopolímeros que indicaron que hubo inspecciones en San Carlos (Coj) y en Catia La Mar (Var).

Denunció que desde hace dos días ha recibido reiteradas amenazas por llamadas telefónicas de personas anónimas.

Hizo un llamado a las autoridades a mantener las investigaciones sobre las denuncias hechas por las afectadas en Fiscalía.

Asimismo, le pidió al Ministerio de la Salud enfocarse en la publicidad engañosa que aún sale en medios de comunicación impresos, sin ningún control, y que incita a las personas a usar biopolímeros con fines estéticos.

Últimas Noticias

Anuncios

Fiscalía activará más de 2 mil funcionarios el 16-D

fiscal

2.042 funcionarios del Ministerio Público serán activados el 16 de diciembre para atender cualquier contingencia que pueda presentarse durante las elecciones regionales, informó este martes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

“Este personal estará de guardia dos días antes, durante y dos días después de los comicios. En primer lugar garantizarán los derechos humanos, como es el ejercicio del sufragio. Igualmente, atenderán cualquier caso en que se cometa un hecho punible”, explicó.

Ortega expresó confianza en que la conducta de los venezolanos evidenciada durante las elecciones presidenciales de octubre pasado se repita para el proceso del domingo: “En las pasadas elecciones solamente hubo 11 hechos delictivos en todo el país. Esto dice mucho de lo que somos las mujeres y hombres venezolanos, con una vocación cívica y democrática”.

Durante la inauguración de la Fiscalía Municipal Primera en el estado Nueva Esparta, que tendrá competencia en las jurisdicciones de Arismendi y Antolín del Campo, la fiscal general elogió el proceso de municipalización de la justicia que se ha venido desarrollando.

“Estas fiscalías tienen conexión con la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, que traslada a los municipios la solución de los conflictos que generen hechos delictivos. La violencia en estos espacios genera más violencia y debemos ponerle freno, tutelarla y tramitarla, para que no genere más delitos. Por eso las fiscalías municipales interactúan con las comunidades y los demás integrantes del sistema de justicia penal”, expresó.

Se estima que al menos dos fiscalías adicionales sean abiertas en Nueva Esparta en los próximos meses, indicó la Ortega Díaz.

“Esto nos permitirá acompañar a los habitantes de esta hermosa isla en lo que es la justicia rápida, sin retardo procesal y sin impunidad”, añadió.

Con esta inauguración suman 23 los despachos municipales ubicados en el Distrito Capital y en los estados Miranda, Lara, Guárico, Carabobo, Nueva Esparta, Bolívar, Falcón, Yaracuy, Aragua y Zulia.

AVN

Cadivi ha suspendido 800 empresas por cometer fraudes cambiarios

barroso01

El proceso para detectar y sancionar irregularidades y fraudes cambiarios sigue su curso en la Comisión de Administración de Divisas.

Además de abrir expedientes administrativos a usuarios por el uso incorrecto del cupo para viajeros, también ha sido sancionado un grupo importante de empresas que han solicitado recursos en dólares a tasa preferencial, utilizando para ello la simulación de importaciones y sobrefacturación.

El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, informó a El Mundo Economía y Negocios que unas 800 empresas del sector privado han sido suspendidas del sistema por cometer hechos irregulares. Destacó que la mayoría de ellas pertenece al sector de la salud.

Cadivi tiene dos grandes tareas. La primera es la administración de las divisas que el Banco Central de Venezuela determina que son necesarios para la economía. La segunda es garantizar el correcto uso de esas divisas.

“En el caso de las tarjetas de crédito lo hacemos de acuerdo a algunas inspecciones específicas y en el caso de las importaciones también tenemos mecanismos de verificación, especialmente en los puertos”, apuntó Barroso.

Como ejemplo de algunas de las irregularidades detectadas, resaltó que en el puerto de La Guaira se evidenció recientemente que una empresa solicitó divisas por 4 millones de dólares para la importación de todo tipo de especias, pero lo que realmente contenía la carga que llegó al país eran muebles viejos.

“En este tipo de casos actúa Cadivi, el Seniat y la Guardia Nacional, se inicia el procedimiento administrativo y se hace el decomiso de la mercancía. Luego se comienza el procedimiento a través de la Fiscalía correspondiente por simulación de importaciones y por intención de obtención irregular de la divisas”, explicó.

Barroso indicó que otro mecanismo para “intentar defraudar” a Cadivi es la sobrefacturación de la mercancía.

“Recientemente también se presentó un caso en el que el monto de los dólares solicitados era mucho mayor a lo que realmente costaba en el mercado” internacional, una máquina importada hacia Venezuela.

Destacó que de las 800 empresas suspendidas por Cadivi “una buen parte de ellas han sido enviadas a la Fiscalía, luego de cumplidos los procedimientos administrativos y presentados los alegatos y documentos.

“Estas son las prácticas que algunos utilizan y lo que queda es afinar los mecanismos de control para evitar su materialización”.

La salud en la mira
El funcionario señaló que el sector de la salud mostró una demanda de divisas “inexplicable” a principios de año, aún cuando no ha habido una aumento de más del doble del precio de los medicamentos en los mercados foráneos ni ha habido una epidemia que haya forzado a incrementar el volumen de las medicinas.

“¿Qué tenemos? Que lamentablemente por ser los medicamentos bienes prioritarios muchas empresas están suspendidas por pretender hacer importaciones de otros rubros relacionados con la salud como prótesis dentales y estéticos.

Además de sobrefacturación y compras simuladas”, dijo Barroso quien reiteró que muchas de las empresas suspendidas pertenecen al sector de la salud.

“Ciertamente hay un monto que no se ha liquidado en el sector de la salud que queda registrado como pendiente pero en muchos casos hay empresas que tienen solicitudes en tránsito por temas diversos”, dijo.

Explicó que ese aumento inusitado en la demanda de divisas que realizó este sector a comienzos de 2012 y “contrario a lo que han mostrado las cifras históricas, obviamente generó una demanda no esperada y una prolongación en los tiempos de espera. Sin embargo, estamos trabajando con el Banco Central para resolver estos temas”.

Barroso acotó que muchos de los montos pendientes por aprobar están relacionados a una investigación y es muy probable que no se vayan a liquidar hasta tanto no se aclare el proceso administrativo.

Reconoció que algunas solicitudes para importación tengan un retraso de 200 días, pero que son casos puntuales, porque muchos están bajo proceso de análisis e investigación. “Pero no es correcto decir que el sistema tiene ese retraso para todo. Todas las semanas tenemos reuniones con distintos sectores para analizar casos y corregir las fallas”.

elmundo.com.ve

Citan a 300 personas por el fraude a Cadivi

Las veintidós fiscalías Anticorrupción del país han empezado a tomar declaraciones a los primeros 300 ciudadanos citados por obtener divisas de Cadivi para viajes, que no realizaron y destinarlas a fines ilícitos.

El caso lo hizo público el presidente de Cadivi, Manuel Barroso, quien habló de 90 mil personas involucradas.
En fuentes del Ministerio Público se explicó que el ente oficial financiero ha enviado gran cantidad de esos expedientes, pero como deben ser certificados y encomendados a los fiscales especiales -unos 41 a escala nacional- hasta ahora han sido citadas solamente unas 300 personas.

Y ha ocurrido que en muchos de esos casos las personas citadas no pidieron divisas nunca ni han viajado, se han enterado cuando las llamaron a declarar, por lo que se presume que les sacaron copias de cédulas y pasaportes y les clonaron las tarjetas bancarias; solo pocas personas reconocen haber solicitado y vendido las divisas a sujetos que los contactaron, les sugirieron que acudieran al ente oficial, invocaran el viaje, recibieran el cupo de dinero y se los vendieran con un margen de ganancias.

Como además les aseguraron que no tendrían problemas legales porque ellos, los compradores, pagarían todo a Cadivi en su nombre, los convencieron y actuaron de buena fe, sólo que es considerado fraude el hecho de exigir las divisas para determinado fin y comercializarlas o destinarlas a una finalidad diferente.

Todas las personas que aparecen en los expedientes remitidos por Cadivi serán citadas al MP, se les notificará la investigación, podrán ser asistidas de abogados, promover y exigir evacuación de pruebas a su favor y, si queda clara su inocencia, no serían imputadas ante un juez de control.

Últimas Noticias

Ilze Perozo de Montoya admite ante el juez que cometió delitos de corrupción

Ilze Perozo, esposa del diputado opositor Julio Montoya, ha admitido ante el juez del tribunal de control número 3, Detman Mirabal, todos los delitos por los que era acusada por la fiscalía anticorrupción número 26, Ennis María Tarrife Pradilla. El Ministerio Público imputó a la mujer del parlamentario la comisión de cuatro delitos: Enriquecimiento Derivado del Despilfarro, Pagos Fraudulentos y Certificaciones Falsas, así como de Aprovechamiento de Fondos Públicos y de Asociación para Delinquir.

El juez Mirabal ha dictado en un auto —la sentencia se conocerá en unos días, aproximadamente— a Ilze Perozo a tres años de prisión, al pago de 200 millones de bolívares fuertes, a presentarse cada 15 días ante el tribunal, a depositar una fianza, le ha embargado sus cuentas bancarias y propiedades a su nombre y le ha advertido que no puede abandonar el país.

La admisión de los delitos por los que era acusada la esposa del diputado en la Asamblea Nacional de Un Nuevo Tiempo, según los expertos, es una declaración de reconocimiento de su implicación en delitos de corrupción. No obstante, pese a la condena de tres años de prisión, no ingresará en ningún en centro de reclusión.

La investigación realizada por el Ministerio Público del «caso Consperca» dio origen a la imputación de Ilze Perozo, así como a la de Lisandro Montoya —hermano del diputado— y el hermano de la acusada, José Arrieta Perozo.

Cobrar sin edificar
Consperca es la empresa de construcción de la que es gerente general Ilze Perozo, quien recibió el encargo de edificar el auditorio y el módulo administrativo del Ateneo de San Francisco. La obra fue pagada por la Gobernación del estado Zulia durante el mandato de Manuel Rosales, cuando Julio Montoya ejercía como asesor tecnopolítico de la Secretaría de Infraestructuras del estado Zulia y, al mismo tiempo, se desempeñaba como asesor permanente de la Asociación Civil Ateneo de San Francisco.

La Gobernación del estado Zulia pagó casi cinco millones de bolívares fuertes a Construcciones  Consperca por tres obras no realizadas o inconclusas —rehabilitación del Centro Cultural de San Francisco, la construcción de la plaza del Ateneo y la edificación del Ateneo—, a través de la supuesta valuación fraudulenta de esos trabajos.

Las denuncias realizadas por el diputado José Luis Acosta y varios concejales de ese municipio develaron que Julio Montoya, cuando era asesor tecnopolítico de la Secretaría de Infraestructuras, organismo regional dependiente la Gobernación, presuntamente consiguió recursos económicos por un importe de 3.952.115 bolívares fuertes para realizar esas  obras en San Francisco.

Casi 5 millones de bolívares
A esa cantidad hay que añadirle otros 758.000 bolívares fuertes que obtuvo la constructora por la presunta validación fraudulenta del Ateneo de esa ciudad. En total, la Gobernación del estado Zulia pagó en conjunto a 4.710.000 bolívares fuertes.

Además, se da la circunstancia de que el presidente de la citada asociación es César Alberto Montoya, hermano del diputado opositor en la Asamblea Nacional, Julio Montoya. El hermano de la esposa  del diputado, Lisandro José Arrieta Perozo, también figura denunciado en este último caso.

Por esta causa, la fiscalía decimosegunda del Ministerio Público —que inició la investigación que finalmente terminó en la fiscalía anticorrupción número 26 tras pasar por la número 25— imputó a Ilze Perozo de Montoya, ya que en estos dos casos, Consperca, a través de Julio Montoya, según los denunciantes, obtuvo 758.000 bolívares fuertes por una  valuación fraudulenta.

Falsificación de firmas
El denunciante, el ingeniero Raúl Eliezer Boscán, acusó a la esposa del diputado de Un Nuevo Tiempo de, presuntamente, haber falsificado su firma para poder cobrar ese dinero de la Gobernación. Él nunca suscribió, ni firmó esa valuación, según afirmó.

La investigación realizada por los representantes del Ministerio Público también develaron que las imputaciones eran «muy graves», ya que, al margen de que supuestamente hayan cometido delitos como: el de Enriquecimiento Derivado del Despilfarro, Pagos Fraudulentos, Certificaciones Falsas, Aprovechamiento de Fondos Públicos, Asociación para Delinquir y Violar la Ley contra la Delincuencia Organizada, el fiscal sostiene que se apropiaron de dos millones de bolívares fuertes que la Gobernación del estado Zulia entregó a Construcciones Consperca para realizar obras en el auditorio de ese municipio, que nunca llegaron a realizarse.

Según mantiene la acusación, los presuntos delitos cometidos por los imputados «merecían una pena alta, ya que sus supuestos autores han vulnerado numerosos preceptos contenidos en la Ley contra la Corrupción , así como los establecidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada».

Solicitarán al Ministerio Público abrir averiguación penal contra gobernador Pablo Pérez

Antonio Urribarri, ex Defensor del Pueblo, en rueda de prensa, informó que solicitarán ante el Ministerio Público, investigar al gobernador Pablo Pérez, tras la publicación de una carta por parte del ex dirigente de UNT, Javier Muñoz, quien acusa a Pérez de aprovechamiento de recursos del estado.

Urribarri dijo que es preocupante y delicado, el documento de Javier Muñoz, quien fue funcionario del gobierno municipal de Maracaibo, y diputado del Clez por UNT.

Sostuvo “hizo una carta abierta al gobernador donde dice que se adquiere un avión privado personal y la complicidad de este con un grupo que permitió su enriquecimiento”

“Con qué recursos se compró ese avión, que nos rinda cuentas entonces, cuáles rutas ha recorrido, y las siglas, toda esa averiguación debe abrirse, las declaraciones del denunciante y las del gobernador”, dijo Urribarri.

Que nos diga quiénes son esos que también se hicieron ricos, cuáles serían esos cómplices, indicó.

Igualmente criticó “también prometió 100 liceos en la región y solo ha cumplido dos”.

Solicitarán se activen dos mecanismos, por un lado que se aplique la Ley contra la corrupción y una averiguación penal.

Aseguró que el próximo martes estarán realizando la respectiva denuncia en la Fiscalía.

El jueves, agregó, estarán en la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, con el mismo documento.

Una vez que se determine que sí hay responsabilidad, se abriría un juicio, precisó.
 
Noticia al Día

Foto Steven Novsak